Las asociaciones ultrafeministas han tardado más de lo normal en ejercer presión sobre el juez Serrano y su carrera. Fueron mucho más rápidas cuando arremetieron contra Doña María Sanahuja o Tatiana Torrejón, autora de un informe del CES del año 2008 en el que se reconocía la existencia de casos en los que se utilizaba de un modo fraudulento la Ley Integral. Ahora solicitan se investigue la labor profesional del juez Serrano y se le aparte de su cargo sólo porque se ha atrevido a criticar la Ley Integral públicamente. Si desean presionar en contra de quien hace uso de la libertad de expresión este es el camino. Pero si deseaban conservar el escaso barniz de credibilidad y coherencia que aún podía suponérseles mejor que no hubiesen dicho nada. Lo único que está haciendo Serrano es ejercer sus derechos fundamentales y cumplir con su labor básica de juez al defender los derechos de todos y todas, señalando los peligros que se derivan de la aplicación de una ley nacida del feminismo de género, es decir, fuertemente ideológica desde su concepción, como es la Ley Integral. Para evitar un nuevo atropello a nuestras libertades básicas, ejercido por asociaciones casi completamente insensibles a cualquier valor diferente del desarrollo de sus particulares agendas, debemos apoyar en todo lo posible al juez Serrano. Porque la igualdad, la libertad de expresión y los valores fundamentales de una sociedad plural y democrática, pueden ser conculcados en cualquier momento si bajamos la guardia frente a grupos de presión egoístas y fuertemente organizados, que saben muy bien como seducir a los partidos políticos, aprovechando su insaciable y poco reflexivo apetito electoral junto con su oportunista concepción de lo “políticamente correcto”.